Liberan a conductor y despachador implicados en descarrilamiento del Tren Interoceánico
Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes eran el conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico cuando el medio de transporte se descarriló en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, obtuvieron su libertad esta tarde, luego de que la jueza de control Diana Isabel Ivens decretó el sobreseimiento de la causa penal tras la reparación del daño a las víctimas.
En una audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), dependiente de la Secretaría de Marina, aprobaron los acuerdos reparatorios que habían sido suscritos previamente mediante el mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal.
Con el cumplimiento de los mismos se decretó la extinción de la acción penal, figura aplicable en delitos culposos de carácter patrimonial, sin violencia o que requieren querella.
La jueza avaló formalmente la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre pasado que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
La impartidora de justicia decretó el cierre definitivo de la causa penal 7/2026 al cumplirse los acuerdos reparatorios, por lo que Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y despachador encarcelados, quedaron en libertad, confirmaron fuentes judiciales.
Durante una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con Sede en Chiapas, los trabajadores, quienes permanecían presos desde enero pasado en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, conocido “El Amate”, quedaron absueltos de los cargos de homicidio y lesiones culposas.
La FGR dio a conocer el pasado 8 de abril que la empresa ferroviaria otorgó el perdón en su carácter de parte ofendida en
relación con el delito de daño en bienes; el delito de ataques a las vías generales de comunicación fue descartado tras los
dictámenes periciales que concluyeron que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la
normativa.
La Fiscalía también descartó los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, con base en la
información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de seis inspecciones hechas por la Auditoría Superior de la
Federación.
Además, con dichas diligencias ministeriales de topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos
de la vía donde ocurrió el accidente y de las condiciones de la locomotoras y vagones, también se ajustan a la normativa
aplicable.
En un comunicado, el gobierno federal informó que concluyó el proceso de reparación integral a las familias de las víctimas de este accidente. “El 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas”.
Al momento 145 personas, entre ellas 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido la reparación integral del daño, lo que derivó
en la extinción de la acción penal.
No obstante, aclaró que, “por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalan públicamente los montos
erogados”, pero afirmó que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de
reparación integral, “garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso”.
En tanto, dijo los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público “los descartamos, con base en la
información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos, relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el
mantenimiento a ambos; en todos los casos, sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias”.
Añadió que la FGR llevó a cabo todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto la investigación y que privilegió en todo
momento la protección de las víctimas y los ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales.
